Costo de las tutelas en salud en Colombia 1992 a 2016 - Arango Castrillón, Alejandro (Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud, 2017)
En Colombia cada día en promedio se interponen 70 acciones de tutelas, 17 de las cuales solicitan servicios de salud. Lo anterior, en contraste con los múltiples esfuerzos del Estado que, durante los últimos 24 años ha adelantado diversas reformas y ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, para impactar cobertura de aseguramiento, accesibilidad, eficiencia en el manejo y distribución de los recursos. Aun así, continúa el incremento de las acciones de tutelas en salud y éstas, además de haberse consolidado como indicador de apropiación de derechos fundamentales, se ha constituido como un indicador de accesibilidad a los servicios de salud. Este artículo realiza una reflexión sobre el valor monetario de los costos directos de las acciones de tutelas para dos instituciones del estado, una del Ministerio Público denominada personería como ente asesor y otra adscrita a la rama judicial de Colombia denominada reparto y juzgado. Por lo general las tutelas pueden pasar por varias instancias según su resolución, sin embargo, para este caso solo se reflexionará con la información de la primera instancia judicial para poder extrapolar los cálculos al nivel Nacional, es decir, asesoría para el escrito de una tutela y el de recepción y análisis del caso en un juzgado, con el fallo en primera instancia y las notificaciones; todo ello, derivado de un análisis retrospectivo, ajustado a valores presentes de 2016. Según la defensoría del pueblo, desde 1992 a 2016 se han interpuesto 5.865.665 tutelas, que representan a precios constantes de 2016, más de 4,3 billones de pesos (COP $4.336.890.408.097). Con estos recursos se podrían pagar más de 114 millones de citas por medicina general, es decir, casi 3 consultas de medicina general por habitante de Colombia, lo cual significa que estos costos son de transacción creciente y que de manera paradójica, terminan generando grandes ineficiencias económicas al Estado colombiano que, además del detrimento representado en la salud de los pacientes, asume el costo de la restitución de un derecho de acceso pagado de manera anticipada por los usuarios y el Estado.